ESTA EN VENTA EL AUTO DEL DR. SALLUSTRO
El auto de quien fuera asesinado por el ERP está en venta.
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http://villaurquiza.olx.com.ar/fiat-1100-1958-perteneciente-a-sallustro-oberdan-iid-1934550
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La Asociación Antidrogas de la Republica Argentina emitió un durísimo documento.
Con la firma de Claudio Izaguirre, su presidente, la Asociación Antidrogas de la Republica Argentina, emitió un documento en el que condena la política del Gobierno Nacional en esa área y, en particular, la gestión del actual Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, ex Ministro del Interior y de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Sintetizamos a continuación los principa-les puntos del extenso documento. El Ministerio del Interior retiró a las fuerzas de seguridad de los cursos de actualización en la lucha contra el narcotráfico que dicta la SEDRONAR a todas las policías del país.
. En los últimos 4 años se instalaron en la Capital Federal 3 carteles de la droga que se distribuyen las zonas de venta.
. Sigue sin radarizarse el norte del país.
. Estamos en niveles muy altos de consumo. La ONU informa que la Argentina es el primer consumidor de cocaína en las escuelas secundarias de América Latina.
. La SEDRONAR tiene presupuesto 0 para realizar campañas preventivas en los medios de comunicación social.
. El Ministro Aníbal Fernández fue el principal impulsor del proyecto de reformas del Código de Procedimientos Penal, que pretendía despenalizar la venta de drogas y bajar las penas a los narcotraficantes.
. El 70% de los vendedores de drogas quedan en libertad porque se hacen pasar por adictos.
. La posición 21 del Aeropuerto de Ezeiza (sector cargas) sigue sin scanners. No hay scanners para los pallet (plataformas de metal en donde se apilan las mercaderías para exportar). Un avión de carga lleva hasta 130 pallets por viaje.
. Se permite la libre comercialización de publicaciones que enseñan a conocer, cultivar y plantar la marihuana, además de distintos tipos de recetas para fabricar alimentos en base a marihuana, en oposición a los artículos 12 y 28 de la ley 23.737.
. Hay 75 pasos clandestinos con Bolivia y 60 con Paraguay, por donde ingresa la droga.
. Las cocinas comercializan ahora también el paco en forma masiva.
. El Jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Sain, estuvo a punto de ser echado por realizar un procedimiento antidrogas que termino en Rio Gallegos
Señores Jueces:
Con todo respeto deseo expresarles mi desconocimiento como mis jueces naturales como lo señala la Constitución de la Nación Argentina y si me lo permiten estimo que debo decir lo siguiente:
A fines de 1942 rendí examen de ingreso al Colegio Militar de la Nación.
A los 3 días de haber ingresado entró al aula correspondiente un auditor militar vestido con el uniforme del Ejército Argentino. En su primera clase se refirió al Código de Justicia Militar y a la reglamentación de Justicia Militar.
Así sucesivamente, con reiteradas clases y respectivos exámenes aprendimos lo que era el sometimiento a las leyes y doctrinas militares en tiempos de Paz, de Conmoción interna y de Guerra.
Con toda esta formación Jurídica Militar, entendí claramente lo que significaba el cumplimiento de las órdenes, de la subordinación al superior, y el valor de la obediencia debida como base de la disciplina, columna vertebral de cualquier ejército del mundo.
Con esa rígida disciplina fuimos formados y formamos a nuestros subalternos.
Nos comprometimos solemnemente con la Nación de defenderla hasta perder la vida a fin de asegurar su continuidad histórica.
Las órdenes no se analizan, se cumplen una vez tomada una resolución para el cumplimiento de una misión.
Cinco oficiales superiores que prestaron servicios bajo mis órdenes fueron Comandantes del Ejército en el período Constitucional que arranca en 1983.
Hace 26 años que estoy sometido a interrogatorios en los estrados de la justicia por violación a los Derechos Humanos. Sin reconocer por falta de competencia a esos mismos jueces no he logrado que se comprenda que después de 40 años de servicios prestados con dedicación exclusiva al Ejército habiendo obtenido el más alto grado en la carrera, y en situación de retiro desde principios de 1980, se me impone que el juez natural, no el Consejo Supremo de las F.F.A.A. ni rige el Código de Justicia Militar , sino el Código Penal que lamento de él no saber nada ,y a esta edad me resulta muy difícil entenderlo en la aplicación de las situaciones militares, en jurisdicción militar en tiempo de paz y de guerra.
Considero que esta situación a la que estoy sometido constituye una verdadera y flagrante violación a mi persona, a mi formación militar y a mis derechos humanos. Pues, a un hombre soldado de 86 años se le cambien las reglas de juego con las que el Estado Argentino lo formó desde muy joven casi un niño. Se hace muy difícil soportarlo y más cuando llevo más de 10 años privado de mi libertad, soberano atributo de la condición humana.
Reconozco como verdaderos jueces de mi existencia a Dios en primer término. a toda mi familia en la vida afectiva, en mi profesión militar a lo que determine el Código de Justicia Militar recientemente derogado y totalmente vigente en el momento de los hechos cuando éstos ocurren en tiempo de guerra, en jurisdicción militar, alteración de la paz interna (estado de sitio) y cuando así lo determine un gobierno constitucional autor de todas las directivas y órdenes para la conducción de la guerra contra la subversión terrorista de los años 70.
En el campo civil reconozco la existencia del Código Penal y de todas las leyes de la Nación para delitos contemplados por dichos documentos en el momento de los acontecimientos es decir delitos civiles.
En estas circunstancias quiero recordar a dos distinguidos subalternos: Coronel Larrabure y Coronel Ibarzábal cruelmente asesinados por el terrorismo apátrida sin que hasta ahora ningún juez de la República se haya animado a investigar a los verdaderos ideólogos de semejantes crímenes, muchos de ellos conocidos por la ciudadanía.
A todos los asesinados de las F.F.A.A. , de Seguridad y Civiles.
A mis viejos camaradas del Ejército que ya se fueron.
A los actuales camaradas, para decirles: que la gorra y entorchados de los uniformes nada representan ni lucen si no los ilumina el sentido del honor militar.
A todos los muertos en la lucha fraticida especialmente a la familia Avellaneda para que insistan en conocer la verdad, siempre se debe sufrir por esa búsqueda antes que hacerla sufrir por el silencio. Mi silencio es por la no participación en los hechos.
Finalmente con el permiso de Uds. quiero en estas difíciles circunstancias tener presente a mi querida esposa fiel compañera. Inseparable en todos los infortunios con 57 años de matrimonio llevando con entereza moral todas las vicisitudes a las que hemos sido sometidos los soldados desde la pérdida de nuestro primer hijo hasta la cárcel, producto de la impostura y de la ingratitud.
A mis queridos hijos del amor, que siempre estuvieron a mi lado.
A mis queridas nietas que me dan valor a fin de poder imitar a los soldados de la Independencia y de nuestra Organización Nacional
A mis dos amados hermanos que aún viven gracias a Dios.
En lo que respecta a las actuaciones realizadas estimo expresar lo siguiente:
Agradecer a mis defensores de oficio por los alegatos efectuados con brillantez a pesar de ser criticados por una emisora contratada por el estado criticándolos porque cobran sueldos del Estado lo que resulta incompatible con defender a represores.
Señores Jueces, los mencionados defensores cobran sueldo del Estado como Uds. o como yo, que antes cobraba un sueldo semejante al de Uds., pero hoy el Estado no nos paga esos sueldos y no estoy en condiciones de pagar a un defensor privado.
Y me cabe recordar al distinguido Dr. Florencio Varela, que con dedicación total a mi defensa en forma privada lo hizo gratuitamente durante 6 (seis) largos años.
Resumiendo los diferentes conceptos jurídicos de mis defensores en las diferentes circunstancias debo expresar que:
Estas actuaciones han fortalecido la convicción de mi absoluta ajenidad a ilícito alguno; sin embargo el fortalecimiento de esa verdad ha sido contemporánea al conocimiento de que la culminación de la causa es una sentencia condenatoria que se dictará de cara a cuanto exigen, más bien imponen, los aquí querellantes.
Nada es más inocultable a través de las públicas manifestaciones, vehementes y reiteradas hasta la obstinación que vierten los representantes de los tres poderes del Estado al opinar sobre la marcha de los expedientes judiciales, en una especie de competencia para decirlo en voz más alta.
Sólo orientadas hacia la complacencia de ese designio pueden explicarse las sucesivas resoluciones que me denegaron los derechos fundamentales del debido proceso legal colocándome en una írrita situación de desigualdad ante la ley:
• así se violó el principio de libertad del encausado cuando no hay peligro de evasión o entorpecimiento, permaneciendo detenido por más de 10 años sin condena con 86 años cumplidos.
• la irrectroatividad de la ley penal,
• de inmutabilidad de la cosa juzgada.
• de prescripción de las acciones.
• del principio de aplicación de la ley penal más benigna del Código de Justicia Militar a que estábamos subordinados en la época de los hechos bajo el imperio del máximo tribunal el Consejo Supremo de las FFAA para toda clase de delitos militares.
• la injustificable anulación de las leyes de obediencia debida y punto final.
• la anulación de los indultos
• y la absolutamente inaplicable incorporación del foráneo concepto de “lesa humanidad”
En este contexto que más abajo ampliaré concibo a este proceso como una mera sucesión de trámites donde sólo se guardan las formas extrínsecas del procedimiento.
Al acatar inmediatamente la comparencia ante la Justicia y sin reconocer como mis jueces naturales brindé el genuino relato de la actuación que me había correspondido en los episodios ahora sometidos a juzgamiento y que se limitó al cabal cumplimiento de los deberes impuestos por el cargo una vez establecida por decreto la Zona 4 el 21 de mayo de 1976 posterior a los hechos tratados en este juicio.
La presentación ante la justicia y las explicaciones rendidas fueron por mí entendidas como una etapa más en el sometimiento a las obligaciones inherentes a mi calidad militar.
Por mandato constitucional (Decretos 2770,2771 y 2772 del año 1975 y directiva 1/75 del Consejo de Defensa) las FFAA y de Seguridad se empeñaron en una guerra contrarrevolucionaria contra el agresor marxista.
Quiero referirme ahora en concreto a algunas de las injustificables violaciones de la ley incurridas:
A) De la cosa juzgada
He sido declarado exento de responsabilidad penal por hallarme incluido en las previsiones de la ley 23521 por lo que “se presume sin omitir prueba en contrario” que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaron como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las FFAA, de seguridad policiales y penitenciarios no son punibles por los delitos a que se refiere el artículo 10 punto 1 de la ley 23049 por haber obrado en virtud de obediencia debida.
La aplicación al proceso de la ley 23521 tiene el significado y alcance de la cosa juzgada. La promoción y continuación de la presente causa, representa, pues, el ejercicio de una actividad punitiva que se encuentra extinguida por los hechos que son su objeto y en cuanto a mi persona.
Importó ni más ni menos que una violación al debido proceso legal y, con ello, así a las normas constitucionales como a las contenidas en los tratados internacionales, dotadas de esa jerarquía por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. No menos que del artículo 1 del Código Procesal Penal receptáculo de aquellos principios en su aplicación concreta al proceso penal.
No obstante, a esta sustancial imposibilidad legal de proseguir la presente causa, la anulación de la ley cuya aplicación me desvinculó del proceso a través de la sancionada bajo el N° 25779. Ello porque el Congreso Nacional no tiene entre sus facultades la de anular leyes. Porque la ley “anulada” se había incorporado al ordenamiento jurídico tras inobjetable sanción del mismo Parlamento y promulgación en las condiciones establecidas por la Ley Fundamental.
Porque vigente durante 16 años la ley 23521 había producido sus efectos.
Porque no puede violentarse el elemental principio de que las leyes disponen para el futuro, y que en materia penal para el pasado, si son más benignas; usando el torpe y despótico subterfugio de anular normas, como si se tratase de actos privados que nunca hubieran existido.
La responsabilidad penal es, ni más ni menos, que la consecuencia de que concurran en la especie todos los componentes del delito; es decir, que el hecho investigado sea, efectivamente, una acción típica y antijurídica, es decir, un injusto y que tal injusto sea reprochable al autor.
Si la obediencia de vida, conforme a posturas doctrinarias diversas, legitima el comportamiento eliminando la antijuricidad a través de una obligación de actuar, de un permiso para hacerlo, o, en cambio, suprime la culpabilidad por reducir la esfera de autodeterminación, lo cierto es que en cualquier posición faltará un componente del delito.
Si se entendía que la mentada ley 23521 vulneraba el deber del estado de investigar las violaciones a los derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, tales consideraciones podrían haber fundamentado su derogación – facultad legislativa-, o su declaración de inconstitucionalidad – facultad judicial-, que es el mecanismo previsto por el propio ordenamiento para que cese la vigencia de una norma considerada indeseable, o, por lo menos, perfectible, pero jamás su anulación con efectos hacia su pasada vigencia.
B) Delitos de lesa humanidad
Al respecto, por su claridad quiero transcribir conceptos vertidos por la Dra. Victoria Villarroel en su trabajo “Sin independencia de los jueces no hay justicia imparcial”:
“…Desde el punto de vista jurídico, la categoría de crímenes de lesa humanidad tiene un origen histórico perfectamente establecido, y en modo alguno deriva de la costumbre, sino que el resultado de un tratado celebrado por las 4 potencias vencedoras en la II Guerra Mundial. Muchos años después, la categoría se internacionaliza con en tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional que entró en vigor el 1 de julio de 2002. La Argentina adhirió por la ley 25390 (Boletín Oficial 23-1-2001). Este tratado establece que sólo se aplica para el futuro, proscribiendo expresamente su aplicación retroactiva (Artículos 11:1, 22 y 24)
Si los “crímenes de lesa humanidad” fueran una categoría preexistente a la década del 70, entonces no se ve por qué no la imputó el Pte. Alfonsín en el Decreto 158/83 de enjuiciamiento a los integrantes de las juntas militares.
Tampoco se ve por qué no la imputaron los fiscales Strassera y Moreno Ocampo en la causa 13/84, ni en ninguna otra…”
Si suscribimos tratados internacionales comencemos por respetarlos. De lo contrario, denunciemos los mismos, reformemos la Constitución Nacional.
Sres. Jueces: yo he cumplido con mi deber, cumplan Uds. con el suyo.
Si en algo -y eran muchas sus virtudes- marcaba las diferencias
el señor coronel D Mohamed Alí Seineldín con el denominador común
de las personas con actuación pública, fue precisamente su sentido
del honor, la rectitud de conducta y entrega por entero a su Patria,
dones tales que necesariamente, le granjearían el respeto de sus
pares, sus superiores dignos y quienes fuimos sus subordinados por
obligación reglamentaria o decisión personal extrarreglamentaria
-cuando el decoro lo hizo necesario y las circunstancias degradantes
a que fuera llevada nuestra Argentina cerraban todo camino para
volverla a su quicio-. Esas cualidades, por sí solas, son razón bastante
para que cotidianamente fuera construyendo el prestigio de acero en
su querido Ejército que hoy lo despide sin honores militares pero con
todo el honor de los caballeros cristianos; pero a ellas también se
suman su bonhomía, la cordialidad en el trato y el cultivo sin límites de
la auténtica camaradería.
En un mundo descastado por el vicio, el hedonismo, las bajezas
degradantes con carta de ciudadanía entre la sociedad perpleja y en
donde las peores impudicias han llegado a contaminar hasta el lugar
santo, estamos seguros que al marchar hacia la Patria Celestial nos
ha dejado con su vida arquetípica el camino jalonado por el que hemos
de transitar para no defraudarlo a él y seguir siendo fieles a Él.
Mi coronel, descanse en paz.
FUENTE: EL TÁBANO
VERGÜENZA SUPREMA |
Una vergüenza. Es la única manera de calificar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que abre la puerta a la modificación de la ley de estupefacientes —23.737— que el kirchnerismo intentará aprobar en las próximas semanas —contra toda voluntad popular— y que se refiere a la despenalización de estupefacientes.
En tal sentido, el máximo tribunal se pronunció hace apenas minutos respecto a la causa "Arriola", en la que dos vendedores de drogas fueron condenados mientras que cinco consumidores quedaron a salvo de cualquier persecución penal.
Los jueces coincidieron en declarar la "inconstitucionalidad de la pena de la tenencia para el consumo en privado", argumentando que "se debe proteger la privacidad de las personas adultas para decidir cuál es su conducta y, en el caso, si desean tener o consumir drogas".
Un par de comentarios al respecto:
1-Lo que quiere despenalizarse —y a cuyos fines la Corte Suprema acaba de abrir la puerta— es la tenencia de drogas, no el consumo, que ya está despenalizado desde hace 20 años. No es inocente esa omisión por parte de los funcionarios que hablan sobre este tema, especialmente el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Si se dijera que el consumo ya es legal, se acabaría todo argumento oficial.
2-La tenencia de estupefacientes beneficia al narcotráfico porque permite mover pequeñas dosis de drogas de un lado a otro.
3-Todas las encuestas hechas sobre este tema —todas, sin excepción— muestran un enorme rechazo popular a la idea de despenalizar la tenencia de narcóticos.
4-La marihuana es altamente adictiva merced a la acción del THC sobre el organismo humano y genera un elocuente deterioro no sólo a la memoria sino también a la función cardiovascular. Asimismo, está demostrado que uno de cada cuatro adictos, lo son a la marihuana, por lo cual no puede hablarse de "consumo eventual", término que tan irresponsablemente reiteran funcionarios kirchneristas.
5-La marihuana es la puerta de entrada al consumo de otras drogas, como la cocaína.
6-Los países que han abierto las puertas a la despenalización están volviendo atrás con esa medida porque han comprobado que, no sólo no es útil a la hora de reducir el tráfico de drogas, sino que destruye el tejido social de una de las franjas importantes de ciudadanos: los jóvenes.
Para tratar de entender por qué el kirchnerismo avala la despenalización de drogas —a pesar de la connotación negativa de la sociedad y del fracaso que ha configurado la misma medida en otros países—, hay que posar la mirada sobre los acuerdos non sanctos que se han refrendado con ciertos grupos de poder, relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero.
Son grupos que aportaron fuertes sumas de dinero para la campaña de Cristina Kirchner y que exigen a cambio una serie de medidas que trocarán el territorio argentino en un campo fértil para el tráfico de estupefacientes.
Sobradamente se ha hablado al respecto desde Tribuna de periodistas, mencionando la falta de radarización de las fronteras, la ausencia de informatización de las aduanas del país, la inexistencia de recurso de precursores químicos —la ley fue frenada por Aníbal Fernández invocando cuestiones de "derechos humanos"—, la destrucción de la Sedronar y la vergonzosa ley de blanqueo de capitales. Son todas medidas hechas a medida —y a pedido— de grupos foráneos que pusieron dinero para la campaña de octubre de 2007 y que enriquecieron a un par de ministros del gabinete K.
Lo que ha hecho la Corte Suprema en el día de la fecha es de una gravedad inusitada, porque inicia el camino del tráfico de drogas, el sicariato y la mafia en la Argentina.
En ese contexto, es sencillo predecir el futuro a mediano plazo: habrá un fracaso total respecto a la despenalización y la Argentina se convertirá en una nueva Colombia (1).
Christian Sanz
(1) Hace 18 años este periodista auguró lo que hoy sucede en la Argentina, advirtiendo que el menemismo abría las puertas al tráfico de drogas y que debía combatirse de raíz. Tres de los libros escritos por quien firma este artículo —e infinidad de artículos— hablan de ello a las claras
ALENTANDO EL CONSUMO DE DROGAS |
George Soros nació en Budapest, Hungría el 12 de agosto de 1930. Sobrevivió la ocupación nazi de Budapest y de la Hungría comunista en 1947 para ir a vivir en Inglaterra, graduándose en la escuela de Economía de Londres.
La Presidenta de Europa Contra las Drogas (EURAD), Graine Kenny, en una conferencia celebrada en Oslo, Noruega, en septiembre del año pasado, advirtió a las autoridades locales que el libre consumo de drogas, propuesto por el grupo "Reducción de Daño" en su ciudad, convertiría a Noruega en un prisionero de la estrategia de George SOROS para obtener la legalización global de todas las drogas. Además (EURAD), describe como facilitadores del consumo de drogas a los que son financiados por el multimillonario George SOROS.
Para graficar la vida en las ciudades podemos usar una metáfora: Los jóvenes hoy pululan por un campo minado con los ojos vendados. La droga está al alcance de su mano y no saben cual será la consecuencia de su uso.
Según las cifras oficiales que difundió la Subsecretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires dice: "En los últimos diez años se triplicó la cantidad de muertes de chicos de entre 14 y 19 años en todo el territorio bonaerense. Y en el 90 por ciento de los casos, se indica, se trata de muertes evitables.
De esta manera, mientras cae la mortalidad infantil y aumenta la expectativa de vida en casi todo el territorio nacional, la tasa de mortalidad de los adolescentes crece a niveles escalofriantes, tanto que, según los especialistas, no ocurría algo así desde la Guerra del Paraguay, en 1865."
Mientras tanto George SOROS, es la figura pública que presta su voz a la cacofonía de la legalización. El apoyo financiero tanto como político y social del movimiento a favor de la legalización, no viene de una amplia diversidad de gente y organizaciones, sino de quienes siguen a George SOROS como Robert Mc Namara y Walter Cronkite .
La Fundación de Políticas Relativas a las Drogas (DPF) en Washington, la Fundación Tides de San Francisco, Asociación de Reducción de Daño (ARDA) en Santa Fe ,Argentina y Asociación Intercambios con sede en Buenos Aires, Argentina, se benefician de la generosidad del multimillonario George SOROS, apoyando políticas permisivas en el uso de drogas, en especial la "reducción del daño".
Afirman SOROS y sus activistas a favor de las drogas: "Enseñar a los adictos la adecuada administración de drogas ilegales, incluido el crack, reduciría su daño."
Enseñar a un adicto la "administración adecuada de drogas" es como dejar a un perro hambriento a cargo de una carnicería. Mientras tanto la realidad nos muestra que los adolescentes que usan drogas, se suicidan, se alejan de sus familias, abandonan las escuelas y se sumergen en la marginalidad.
¿Puede el poder del dinero impulsar la destrucción generalizada de nuestros jóvenes? ¿Podemos los adultos doblegarnos ante el dinero aunque la consecuencia sea nefasta? ¿Es criterioso pensar en el propio bolsillo, dejando de lado nuestros deberes de adultos? ¿Es factible pensar que por unos pesos, desinformemos a los pibes haciéndoles creer que la droga es un elemento recreativo?
Claudio Izaguirre
Presidente Asociación Antidrogas de la República Argentina
Delegado por Argentina ante la Drug Watch International
asociacionantidrogas@drwebsa.com.ar
FUENTE: TRIBUNA DE PERIODISTAS