NUEVA DENUNCIA CONTRA LOS KIRCHNER POR TRAICION A LA PATRIA
El periodista Carlos Marcelo Shäferstein efetcuó una denuncia ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional federal contra el matrimonio presidencial.
El escrito en cuestión duce que la pareja ha transgredido de una manera obscena Ley 25.188 (Ley de Ética Pública), que establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los funcionarios y empleados del Estado. En su que están obligados a cumplir determinados deberes y pautas de comportamiento ético tales como Cumplir y hacer cumplir estrictamente Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno; desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana; velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular; no recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello; fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan; proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados; abstenerse de usar las instalaciones, bienes y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa; así como también observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de publicidad, igualdad, concurrencia razonabilidad. El Dr Shäferstein aprecia que tanto Néstor Kirchner como su esposa se han burlado de la Ley.
Por otra parte, otro sustento de la denuncia es la propia declaración patrimonial ante AFIP de los causantes, así como las declaraciones juradas de Cristina Elisabet Fernández y su agresivo esposo, considerando que resulta de interés ciudadano que se investigue si el aumento de 158 por ciento del patrimonio familiar durante 2008 constituyó el delito de enriquecimiento ilícito. Según alegan los denunciados, su patrimonio creción en más de veintiocho millones de pesos creció durante el último año. De casi 18.000.000 de pesos se pasó a algo más de 46.000.000 de pesos. Y se pregunta, entre otras cosas ¿...hay sociedades de por medio que pudieran estar ocultando identidades verdaderas? En su caso, ¿por qué? ¿No cabe la posibilidad que dicho incremento patrimonial desmesurado se haya debido a los aportes y a los contribuyentes de la campaña electoral reciente? ¿Por qué las tierras fiscales de Santa Cruz pasaron a manos del matrimonio a $ 6.50 el metro cuadrado, con ulterior reventa a precio infinitamente superior (SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS)? ¿Qué significa la Sociedad consultora financiera denominada El Chapel S.A. instalada en Santa Cruz? ¿Acaso trafica con información privilegiada? ¿ ¿Es compatible con las funciones públicas de ambos denunciados o alguno de sus parientes? Con semejante patrimonio, ¿por qué figuran como “deudores” de un Banco del grupo económico de un amigo Enrique Eskenazi de quien todavía es menester investigar de qué manera se hizo de una porción de nuestra extranjerizada YPF? ¿Necesitaron realmente tomar préstamos y en su caso: por qué?
El querellante se siente estafado como ciudadano argentino, población gobernada por la gestión Kirchner cuyo PBI está decreciendo en declive, país donde aumenta el desempleo y la inflación carcome los salarios del general de la gente, aunque también cita que es un oficial retirado del Ejército Argentino por discapacidad total. Desde esa condición particular, manifiesta que el sueldo de un militar está compuesto casi en un 70% por "sumas fijas no remunerativas ni bonificables", lo que implica, sencillamente, el pago de salarios en negro por parte del Estado Nacional, desfinanciando obras sociales y sistemas provisionales, más allá de los salarios desactualizados, lo que resulta notable en el caso de los retirados, que perciben menos del 40% de lo que cobra uno en actividad. Es de aclarar que en la nota al Poder Ejecutivo que acompañaba el proyecto de la ley 19101 (20-6-71), dice: “En el capítulo V, al tratar el haber de retiro, además de establecer en forma clara que este no será inferior al 90% del monto de las remuneraciones en concepto de retribución del servicios percibe la generalidad de igual grado en actividad….”. El incumplimiento de la ley 19.101 ha provocado miles de juicios que superan los 10 años de duración, y se pagarán, en algún otro gobierno, con bonos depreciados. Esta situación ha provocado que, para una misma jerarquía y número de años en actividad los sueldos sean diferentes, dependiendo de los juicios ganados, porque el Estado no apeló y quedó la sentencia firme o la Cámara que le tocó, fue favorable. Los suplementos que se pagan son en negro y producen una descapitalización del IAF y de los Comandos o Direcciones de Bienestar de las FFAA, por lo que la asistencia médica y social se reciente. La inseguridad jurídica para el retirado, es una constante. Está demostrado que no hay ley que resista una interpretación forzada y maliciosa o simplemente su desconocimiento por parte del Estado, cuando se comporta como una súper persona jurídica, más allá de la ley. Generalmente el oficial pasa a retiro en contra de su voluntad, se debe tener en cuenta que se trata de una profesión vocacional de fuerte socialización, por eso, aunque sabe que el retiro es inexorable, suele provocar una fuerte conmoción. Independiente de ello se le puede agregar la frustración de no haber ascendido otro grado. El retirado pasa bruscamente de una gran actividad al anonimato e inactividad, pierde de inmediato todos los derechos de que gozaba. La mayoría de los retirados busca hacer alguna actividad, se inclinan por conseguir algún puesto en la administración pública o bien dentro de la misma fuerza. En lo particular —incluso en el ejercicio del derecho, por mi imposibilidad locomotriz, así como también de hacer pacientes y largas colas frente a las Mesas de Entradas de los Juzgados— tengo vedadas todas las posibilidades de trabajo ya que fui declarado incapacitado para todo servicio a causa de las lesiones que me llevaron a la pasividad.
En otro orden, los escasos y exiguos aumentos para retirados durante los años de gobierno kirchnerista fueron de aproximadamente el 11% cada uno (no remunerativos). La falta de aportes se traduce en la supresión de subsidios por internación geriátrica, eliminación de ayudas económicas para afrontar el gasto de enfermería o domiciliarios y para afiliados enfermos o impedidos, como en el caso de quien fue retirado "en y por actos del servicio”, por paralisis progresiva, sobrellevando la supresión total de asistencia médica, ausencia absoluta de provisión de medicación por parte del Comando de Sanidad del Ejército, que también dejó de proveerlr de elementos ortésico protésicos ya que el PEN ha resuelto recortar el 20% del presupuesto a las FFAA, que han recaído, precisamente, en la prestaciones para sus inválidos. Menciona que el Ejército (a través del Comando de Sanidad) ha dejado de proveerle, no sólo el salario mínimo alimentario sino también la costosa medicación y elementos de rehabilitación indispensables a queesta estaba obligada la Sanidad Militar al pasar a retiro obligatorio por esa causa.
En otro párrafo de la denuncia, Shäferstein alega que "...la única certidumbre que particularmente proporciona este sistema es la seguridad de un futuro de inseguridad jurídica, pobreza y muerte en la indigencia.
Nadie puede negar que haya gente necesitada en el mundo. Algunos nacieron en la pobreza absoluta, otros tienen discapacidades, y otros temporalmente están por debajo de la línea de la pobreza. Toda esta gente no puede vivir dignamente por sus propios medios. Pero cuando escogen a un gobierno, necesita que alguien los ayude a salir de dicha situación, pero siempre con la visión de que en el largo plazo puedan salir por sus propios medios. Como muestra del abandono que padece la Argentina, basta detenerse en un semáforo para ser invadido por una verdadera legión de menesterosos, producto del abandono en que los ha arrastrado este gobierno. La limosna particular es la única forma para que puedan, realmente vivir, aunque indignamente. Por otra parte ser beneficiario de la distribución le genera dependencia, ya que al no poder generar su propia riqueza, depende de un tercero que la genere por él, y de otro que la distribuya. Esta dependencia, y pérdida de libertad, torna imperativo la necesidad de salir de dicha situación a través de la creación de su propia riqueza. En esta categoría, obviamente en modelos de países democráticos, entran los gobiernos, quienes tienen los atributos otorgados por la constitución, para que a través del cobro de impuestos, puedan efectuar la distribución de ingresos. Tienen la difícil tarea de buscar un equilibrio entre las necesidades y la satisfacción de las mismas. Sus decisiones afectarán en el comportamiento del resto de los involucrados pudiendo incentivar o desincentivar a que se genere riqueza, o que se aumenten los necesitados. Fácilmente puede enviar señales erróneas, y lograr el efecto inverso al deseado. También no hay que dejar de lado el costo del proceso de distribución, ya que deben minimizar la pérdida de riqueza que se pudiera generar al traspasarla de un sector a otro. Por otra parte la distribución le genera un poder al gobierno, que puede distorsionar el fin que busca. Tener el poder de decidir a quién se le reduce la riqueza, y a quien se le otorga, se genera un meta-poder en los niveles operativos del gobierno, que también produce distorsiones en todo el proceso. Cuando le exigimos al gobierno que termine con la pobreza le tenemos que demandar que genere las condiciones para que cada uno pueda concretar lo expuesto en el párrafo anterior.
Del mismo modo, cuando le pedimos al Gobierno que distribuya riqueza, lo único que estamos logrando es que perdure la pobreza, ya que para vivir dignamente no solo basta, aunque es deseable, con que cada uno tenga un plato de comida en la mesa, o una vivienda. La dignidad se logra cuando uno se lo consigue por sus medios, y no según el arbitrio, interesado o no del gobierno de turno. Podría seguir hablando de cómo garantizamos que el gobierno no utilice el mecanismo de distribución como herramienta política, o como medio para tener más poder. Es muy tentador no generar los medios (educación, capacitación, etc.) para que cada uno pueda generar su propia riqueza, y de esa forma que los necesitados dependan de la “bondad” del gobierno. También se corre el riesgo que la riqueza que se distribuya, no sea obtenida de una forma equitativa, con lo cual se generan los lobbys y amiguismos de sectores económicos para con el gobierno.
Pero, como cada vez hay más pobres en Argentina, mientras una aristocracia autócrata se vale del modelo de acumulación para unos pocos, que coinciden con los cófrades del régimen. Es obvio que el P.E.N. se ha apropiado de los fondos del IAF, de los recursos del ANSES, del control de las ganancias de las empresas donde invertían la AFJP, y ha enajenado los bienes afectados de las FFAA de la Nación. ¿El país salió de la pobreza? En absoluto. Inexplicablemente, sólo se incrementó la fortuna de quien encabeza el P.E.N., Cristina Elisabet Wilhelm de Kirchner y de Néstor Carlos Kirchner, mientras que el futuro de los próximos jubilados es una angustiosa incógnita y se ha destruido a las FFAA, abriendo una brecha entre personal en actividad y personal retirado, por lo demás privándolas de recursos eficientes para hacer frente a cualquier amenaza externa y dejando al país en estado de indefensión. Bajo el disfraz de una ideología revanchista, en realidad todos sus desatinos habrían sido por codicia y ambición desmedida.
Y aquí es donde cabe reflexionar aquel viejo axioma que reza “…cuando alguien se enriquece desmesuradamente, invariablemente es a costa del empobrecimiento del semejante”. Entonces, reflexionamos, el dudosamente explicable enriquecimiento de la familia que ejerce el poder —empíricamente absoluto e incontrolado— en Argentina hace presumir su administración infiel de la cosa pública.
LOS RESULTADOS DE LA “ADMINISTRACIÓN KIRCHNER”, QUE, EN LUGAR DE GOBERNAR PARA EL BIEN COMÚN DE LOS ARGENTINOS, UTILIZÓ SU POSICIÓN DE PODER PARA ENRIQUECIMIENTO PERSONAL. DEFINICIÓN DE TRAICIÓN A LA PATRIA.
El querellante cita, entre otros logros, los verdaderos resultados políticos de seis años de gobierno de este régimen encabezado por Néstor Carlos Kircher y sucedido por su esposa Cristina Elisabeth Fernández, a fin de que la Justicia evalúe la posibilidad de ser llevados a juicio político. 1. Haber devastado a las FFAA de la Nación y colocar, a la Patria, en un estado de indefinición. 2. Promover el prevaricato. 3. Impedir el desarrollo político de la Nación a través de un verdadero espíritu Republicano, Representativo y Federal. 4. Impedir el desarrollo económico del país a través del desarrollo libre de sus riquezas agrícolas - ganaderas. 5. Mentir, a través del INDEC, impidiendo estadísticas y prognosis imprescindibles para la conducción económica y social del país, perjudicando a quienes celebraron contratos actualizados por aquellos índices artificiosos. 6. Subvertir valores éticos y morales esenciales de la argentinidad. 7. No distribuir equitativamente la riqueza, ni promover el trabajo. 8. No hacer de la educación y la cultura una política de estado. 9. No combatir a la delincuencia, ni al narcotráfico, ni a la producción de droga local. 10. Enriquecerse ilícitamente. 11. Devastar el sistema de salud nacional. 12. Apropiarse de fondos jubilatorios privados y emplearlos discrecionalmente. 13. Admitir un cogobierno descarado de su cónyuge. 14. Subvertir y corromper al principal movimiento obrero a través de dirigentes venales e incentivar la mafia a nivel sindical. 15. Hacer abuso de los decretos de necesidad y urgencia. 16. Impedir la independencia del poder legislativo. 17. Hacerse otorgar, a través de éste, superpoderes ilegítimos. 18. Imponer, sin internas transparentes y abiertas, a la conducción del Partido Justicialistas. 19. Nombrar en cargos decisivos de su gobierno a elementos pertenecientes a organizaciones criminales y con comprobada participación en hechos terroristas ocasionando muertes de políticos, sindicalistas, militares, policías y personas inocentes. 20. Impedir mediante políticas erradicas e inseguridad jurídica la llegada de inversiones genuinas promotoras de riqueza y empleo. 21. Promover e imponer a los legisladores oficialistas, mediante la obediencia sumisa de sus acólitos faltos de independencia y lealtad para con sus electores, leyes contrarias a los intereses de la Nación. 22. Consentir a hordas tumultuosas adeptas y violentas a favor de posiciones populistas a la sazón impopulares. 23. Provocar un aislamiento del mundo civilizado, alineándonos con países revolucionarios como Venezuela. Un flamante informe del Congreso de EE UU describe como un “narco-estado” al país caribeño, ya que desde 2004 se descubrió que la exportación de cocaína se ha cuadruplicado, incluso afectando directamente a la Argentina, hoy Estado socio del tirano castro-bolivariano Hugo Chávez Frías, que blanquea dinero en este país desde hace seis años. [http://www.state.gov/] www.guardian.co.uk/world/2008/sep/13/venezuela.usa y www.dea.org/] 24. Imponer, en general, desde el ejecutivo decisiones legislativas catalogadas en la CN como infames traiciones a la Patria.
Por último, Shäferstein dice que los ojos del mundo están puestos en esta Justicia Federal independiente. No puede persistir la sensación de que eventuales delitos cometidos por los ciudadanos comunes' tengan un trato diferenciado de los ilícitos perpetrados por los ciudadanos comunes. Y en definitiva solicita se disponga el desafuero de los Kirchner —sus cómplices, encubridores, e instigadores— en interés del respeto a la dignidad de los trabajadores en general, los inválidos y los militares en situación de retiro, y, por sobre todo, en defensa de la vigencia de la Constitución Nacional, que considera vulnerada, ya que se puso en evidencia el lavado de dinero y otros ilícitos graves contra la honorabilidad de la Nación. El presentante solicitó el procesamiento de los causantes así como la remoción inmediata de los cargos públicos que incompatiblemente están desempeñando en su provecho personal y se cursen estos actuados al Congreso Nacional para el juicio político de los imputados.
FUENTE: EL BOLSON WEB
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