CONFERENCIA DE CHINDA BRANDOLINO
CONFERENCIA DE CHINDA BRANDOLINO
ESTA EN VENTA EL AUTO DEL DR. SALLUSTRO
El auto de quien fuera asesinado por el ERP está en venta.
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LA TABLADA-TESTIMONIO DE EDUARDO NAVASCUES
TRATADO DE LISBOA: COMUNICADO DE BRUNO GOLLNISCH
Comunicado de prensa de BRUNO GOLLNISCH, Vice-Presidente del Frente Nacional, diputado del Parlamento Europeo
(Se agradece a "Elisabeth" la traducción que hizo del francés al castellano )
Para obligar a los Irlandeses a que reconsidere su rechazo al Tratado de Lisboa, todos los procesos de presión se han utilizado: amenazas, chantajes, múltiples interferencias, grandes mentiras y medias verdades del Establecimiento que triunfa: los Irlandeses han resignado a votar «sí».
Su decepción será grande cuando se enteren de que las excepciones que se habrían conseguidas no están garantizadas por la ley y la Unión Europea, lejos de ser una protección frente a la crisis económica, la ha provocado y agravado por sus políticas.
Todo el mundo sabe que si otros pueblos fueran consultados directamente el tratado no pasaría. Nicolas Sarkozy, lo ha reconocido claramente en el Parlamento Europeo durante una reunión privada con los presidentes de los Grupos Parlamentarios de cuyos era yo.
Los políticos de todos los países y los eurócratas de Bruselas se inclinaron en conseguir este texto en contra de la voluntad de los pueblos sin consultar con ellos o acusandolos : si se niegan, se les hará votar de nuevo hasta el agotamiento.
Se atraerán exenciones facticias. Se culpa a los recalcitrantes. Se les hace creer que están solos, hasta que se tragan el Tratado.
Un tratado que es, básicamente, la constitución de un superestado europeo burocrático, centralizado, y incontrolable en el que los ciudadanos habiendo abdicado de sus libertades, no tendrán ninguna voz.
¡NO FALTAR!
CHARLA DEBATE
ACUSAN A LA ADMINISTRACIÓN KK POR CRECIMIENTO DEL NARCOTRÁFICO
La Asociación Antidrogas de la Republica Argentina emitió un durísimo documento.
Con la firma de Claudio Izaguirre, su presidente, la Asociación Antidrogas de la Republica Argentina, emitió un documento en el que condena la política del Gobierno Nacional en esa área y, en particular, la gestión del actual Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, ex Ministro del Interior y de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Sintetizamos a continuación los principa-les puntos del extenso documento. El Ministerio del Interior retiró a las fuerzas de seguridad de los cursos de actualización en la lucha contra el narcotráfico que dicta la SEDRONAR a todas las policías del país.
. En los últimos 4 años se instalaron en la Capital Federal 3 carteles de la droga que se distribuyen las zonas de venta.
. Sigue sin radarizarse el norte del país.
. Estamos en niveles muy altos de consumo. La ONU informa que la Argentina es el primer consumidor de cocaína en las escuelas secundarias de América Latina.
. La SEDRONAR tiene presupuesto 0 para realizar campañas preventivas en los medios de comunicación social.
. El Ministro Aníbal Fernández fue el principal impulsor del proyecto de reformas del Código de Procedimientos Penal, que pretendía despenalizar la venta de drogas y bajar las penas a los narcotraficantes.
. El 70% de los vendedores de drogas quedan en libertad porque se hacen pasar por adictos.
. La posición 21 del Aeropuerto de Ezeiza (sector cargas) sigue sin scanners. No hay scanners para los pallet (plataformas de metal en donde se apilan las mercaderías para exportar). Un avión de carga lleva hasta 130 pallets por viaje.
. Se permite la libre comercialización de publicaciones que enseñan a conocer, cultivar y plantar la marihuana, además de distintos tipos de recetas para fabricar alimentos en base a marihuana, en oposición a los artículos 12 y 28 de la ley 23.737.
. Hay 75 pasos clandestinos con Bolivia y 60 con Paraguay, por donde ingresa la droga.
. Las cocinas comercializan ahora también el paco en forma masiva.
. El Jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Sain, estuvo a punto de ser echado por realizar un procedimiento antidrogas que termino en Rio Gallegos
5 DE OCTUBRE
COMUNICADO DEL MOVIMIENTO CÓNDOR
COMUNICADO DEL MOVIMIENTO CÓNDOR
UNA JUEZA MONTONERA ATACADA DE SOBERBIA
Radiografía de una «joven idealista»
De chica le decían «Lali» en Caballito. Vivía en Río de Janeiro y Lezica durante su adolescencia, en la década del ´60, cuando festejaba las victorias de Fidel Castro en Sierra Maestra y pronosticaba la liberación de la Argentina por parte del Che Guevara, según recuerda uno de sus noviecitos de entonces. Pero también relata sus «reacciones histéricas cuando la contradecían en algo».
"Zurda hasta la médula", en los años de plomo no era más Lali, ya que cambió de ambiente. Ahora su nombre de guerra era "Kati", cuando militaba en la izquierda en los ´70, destacándose por panfletera, a estar de los testimonios de sus viejos conocidos del barrio. Se inscribió en la Facultad de Derecho y se recibió en tiempo récord de abogada cuando el decano de la Facultad era Mario Kestelboim. Pero "realmente sabía poco tanto de la Ley como de su profesión", según rememora la gente que alguna vez la consultó en aquella época.
La joven idealista se exiló en Holanda con su esposo y sus dos hijos, regresando al país hacia mediados de los ´80, donde empezó a tramitar la consabida indemnización de 220.000 dólares por "desaparecida". Entonces, gracias a sus contactos con el sindicalista Armando Cavalieri, empezó a trabajar como abogada de CASFEC, la Federación de Empleados de Comercio, entre 1988 y 1991, cuando consiguió otro conchabo mejor mediante sus contactos justicialistas. Cavalieri, consultado estos días, sólo la recuerda ~muy vagamente~ como "una persona mediocre".
Hoy es una persona mayor, nacida el 25 de febrero de 1946. Pero, en la década del ´70 la entonces joven idealista se exiló en Holanda con su esposo, Emiliano Ernesto Montenegro y sus dos hijos, regresando al país hacia mediados de los ´80, donde empezaría a tramitar la consabida indemnización de 220.000 dólares por "desaparecida". Entonces, gracias a sus contactos con el sindicalista Armando Cavalieri, empezó a trabajar como abogada de CASFEC, la Federación de Empleados de Comercio, entre 1988 y 1991, cuando consiguió otro conchabo mejor mediante sus contactos justicialistas. Cavalieri, consultado estos días, sólo la recuerda ~muy vagamente~ como "una persona mediocre".
Desde que la echó el dirigente sindical trabajó en la Secretaría de Seguridad del Estado (ex SIDE), cuando la Secretaría dependía del Ministerio del Interior, donde todavía figura en los padrones de 25 de Mayo 101 de la Ciudad de Buenos Aires. Percibía sus haberes desde el 21 de julio del 2001, que la agente (empezó como nivel 7 y se retiró con nivel 2), con número de CUIT 30546662361 en los recibos. En su legajo figura que prestaba servicios en San Carlos de Bariloche, aunque nadie recuerda su paso por la localidad turística (salvo cuando iba a pasear), dándosele baja tras cinco años de «servicios» el 30 de abril de 2006.
Rosa Elsa Parrilli tiene 63 años (D.N.I. 5.300.859) y ya no tiene más marido. Vive sola, o con alguna pareja incidental con quien comparte sus broncas (y una botella de whisky, al que es afecta) en un amplio departamento a la calle de «Palermo Soho», su semipiso de Charcas 4312, esquina Serrano, aunque posee otras propiedades, porque ~como ella dice~ "invierte en ladrillos" los excedentes de sus ahorros.
Se jacta de ser prima de Oscar Parrilli, el montonero que oficia de secretario General de la Presidencia de la Nación y de haber dictado clases en la cátedra de Eugenio Raúl Zaffaroni.
Pero cuando necesitó trabajo (hay demasiados abogados en el país) recurrió a Aníbal Fernández, quien la ubicó como Jueza Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces cambió su CUIL a 3446671471, comenzando a estar en las nóminas del incipiente Consejo de la Magistratura de la Ciudad, en Sarmiento 877 Piso 10º ~en un principio~ hasta su designación a cargo de los estrados del Juzgado Penal y Correccional Nº 28.
«Dura para pagar»
Hace poco más de dos años, la magistrada correccional del Gobierno Autónomo de Buenos Aires, Rosa Elsa Parrilli, había insultado a los gritos pelados a un oficial en la vía pública que, cumpliendo con su deber, le había labrado una multa por violar la luz roja del semáforo. El acta de la infracción indica que el 1º de junio de 2007, a las 21:00, la abogada que estaba a cargo del Juzgado Contravencional Nº 28 de la Ciudad cruzó un semáforo en rojo en Rivadavia y Gascón generando "un peligro para los terceros" y para sí misma. El informe del oficial que labró el acta número B 08127255 indicó que "el infractor dice ser jueza de la Nación y que no pagará ninguna multa".
"Asimismo, al requerirle los papeles del vehículo, con malas palabras e insultos hacia mi persona, negó a presentarlos", informó un Oficial de la Comisaría 11ª. En una escena similar a la que se viviría en las últimas horas en una oficina administrativa, Parrilli amenazó al policía asegurándole que lo iba a hacer echar, le profirió una catarata de palabrotas ["milico de mierda", entre ellas] y rompió la copia del acta de comprobación que se le entregó, tal como indican las normas de tránsito. "Se retiró del lugar increpándome con insultos y con su auto a gran velocidad", cerró el integrante de la Policía Federal. Ese altercado violento del año 2007, no es apenas un renglón más en la larga lista de incidentes de tránsito que tiene la jueza dentro de sus antecedentes.
Los efectos nocivos del vino blanco
Pero sucedió lo que era previsible para una persona que se despierta con café y a media mañana bebe media botella de Chardonnay bien helado: el 24 de septiembre pasado ~cuando la grúa retiró de la vía pública ~por mal estacionamiento~ el Volkswagen Gol patente FGC571 modelo 2005, propiedad de la titular del juzgado Nº 28 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, la Dra. Parrilli~ que generó la ira de la Kati. La pobre mujer dirigió su violencia contra dos inocentes empleadas del Cuerpo de Agentes de Tránsito, a las que insultó con una inusitada agresividad verbal, amenazas y hasta manifestaciones de discriminación por ser "morochas".
El doctor Alberto F., el célebre y costoso cirujano plástico que se separó de la vedette Beatriz S. ~famosa partinaire de Olmedo que intentó suicidarse con psicofármacos el 1º de mayo pasado~ operó un par de veces a la irascible jueza, pero rechazó sus reclamos tras la última intervención estética de la Dra. Parrilli ya que le manifestó que «por más que le retoque los ojos, los efectos etílicos se reflejan tanto en la cara como en el desarrollo del abdomen, aunque su contextura haya sido delgada». La señora Parrilli no sólo estuvo insatisfecha con la explicación y se retiró ofendida del consultorio del médico dando un sonoro portazo porque le negó la «garantía».
Posiblemente tal sea la acitud psicológica que la lleve a menospreciar la firmeza física de las mujeres jóvenes de saludables rasgos mediterráneos, que todavía mantienen rostros lozanos que no reflejan historias de naufragios, turbaciones o manías.
«Compañeros de utopías»
Lo cierto es que la trascendencia del hecho no le dejó otro camino al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, que denunciar a la «compañera de utopías» ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, cursando vista al Consejo de la Magistratura de la Ciudad para su eliminación. El texto es éste:
"Me presento a efectuar la presente denuncia con el fin de que se investigue la efectiva comisión de hechos que se detallan a continuación y que podrían ser constitutivos de delitos de acción pública", expresa la denuncia firmada por Montenegro:
"Los hechos, descritos con detalle por las denunciantes Rocío Gómez y Matía Itatí Albe, y documentados fílmicamente ocurrieron el pasado 15 de septiembre, aproximadamente a las 15:50, cuando ingresa de manera abrupta a la playa de infracciones, más específicamente dirigiéndose a la cabina de documentación donde las agentes controlan la documentación de los vehículos removidos por estar en infracción en la vía pública.
"Una señora, que luego se identificaría como Rosa Elsa Parrilli, bastante ofuscada y con muy malos términos al dirigirse hacia nuestra persona y nuestra función, despreciativa, prepotente y autoritaria; alegando a cada momento ser jueza y que la que daba las órdenes en este recinto era la misma, que de inmediato obedeciéramos lo que decía o no terminaríamos muy bien, que al ser jueza no le podrían acarrear el vehículo, que por el cargo que ocupa nunca paga nada y esta no sería la excepción, que en ese mismo instante y sin hacerle perder más tiempo le hiciéramos entrega del vehículo", describen las agentes.
El relato de las empleadas del Gobierno porteño y reproducido en la denuncia penal presentada por Montenegro, se resalta con negrita que la magistrada "las insultaba diciendo «tontita ¡no te das cuenta quien manda acá!»; «¡no sabés con quien te estás metiendo!»; «¡yo no tengo que ir a ningún tribunal de faltas ya que a ellos también los mando yo!»; «ganan mil doscientos pesos para hacer esta mierda». Tras retirarse para realizar el trámite debido regresó a las cabinas y nuevamente agredió a las empleadas, arrojando el oficio que traía de los controladores de infracciones y diciendo: "Te hubiera metido un cachetazo por hacerme perder el tiempo, no te das cuenta tontita que te dije que acá mando yo".
"Haciendo caso omiso al pedido de que cesaran los insultos, nos dice que lo único que pedía es que caigamos en su jurisdicción y que se encargaría personalmente de meternos presa por 8 meses y que era de preverse el mal momento que estaba pasando ya que siempre contrataban morochitas y nunca había una rubia en el lugar. Por la forma prepotente, autoritaria, violenta, pero sobre todo discriminativa y amenazante de la Sra. Jueza es que decidimos ponerlos al tanto de la situación", concluye la nota firmada por Rocío Gómez.
La denuncia ante la Justicia destaca que "sobre los acontecimientos relatados precedentemente existe filmación al respecto" y que "en la filmación se observan las imágenes de lo acontecido y se puede escuchar el audio registrado".
"Remarcando la gravedad institucional que provoca la comisión de los hechos denunciados, en caso de que los mismos fueran verificados, por parte de la persona que los cometiera y por el cargo que ocupa; pretendiendo que en el futuro no se reiteren los mismos ante situaciones similares [.] es que formulo la presente denuncia y requiero su debida investigación", concluye Montenegro, rematando el escrito con la consabida frase "Será Justicia".
La denuncia, la filmación, el relato de las agentes y el historial de la infracción cometida por la jueza (su vehículo fue retirado por estar estacionado en una ochava en la zona de Rodríguez Peña y Lavalle) fue remitida el pasado 24 de septiembre al Consejo de la Magistratura de la Ciudad, señalando que los hechos señalados "podrían ser constitutivas de delitos penales" lo que podría generar una sanción por parte del órgano judicial.
Será la Comisión de Disciplina y Acusación la que deberá analizar el tema, la gravedad de los hechos y las sanciones que podrían ser aplicadas sobre la jueza porteña.
Intervención del INADI
Ahora, además del probable un juicio político, el INADI ~el organismo censor de María José Lubertino~ se vio compelido a iniciarle de oficio actuaciones por discriminación. En declaraciones a Radio Provincia, la Lubertino explicó que "cuando nos enteramos de la situación actuamos de oficio" ya que "no hemos recibido ninguna denuncia de las damnificadas". Además, aclaró que "el tema implica una discriminación pero supera la situación discriminatoria porque entendemos que puede estar incursa en algún delito". Para María José Lubertino, "un funcionario público tiene que tener características éticas, de idoneidad y de honestidad que tiene que estar por encima de la media".
Siempre nos sorprende hablar a María José Lubertino Beltrán de la ética y la honestidad. María José también tiene las suyas, ya que su historia se "deschavó" cuando se la entrevistó departiendo con transexuales durante la marcha del orgullo gay que terminó con pintadas y daños materiales en el edificio de la Catedral Metropolitana. El INADI financió con fondos públicos esta marcha y hasta tuvo un stand durante la marcha homosexual. Los hijos de la titular del INADI no son un detalle menor a tener en cuenta, sin entrar a juzgar su moral. Manuel ~el hijo mayor~ es fruto de su tormentosa relación con el presidente radical Raúl Ricardo Alfonsín. Su embarazo y la amenaza de Lubertino por protagonizar un escándalo mediático por no-reconocimiento de la criatura ~durante las rebeliones carapintadas~ le hizo ganarse una banca de diputada nacional en el Congreso de la Nación. Además, Ernesto ~su hijo menor~ es el resultado de un no menos traumático affaire sentimental con el ministro del Interior de la época, Enrique "el Coti" Nosiglia, quien esta vez no cedió a la extorsión y la echó de la Unión Cívica Radical y de la posibilidad de renovar su banca.
Muy eficaz en la función pública para la cual se la designó, a María José se la ha vinculado sentimentalmente con la cantante ultrakirchnerista Teresa Parodi, con las cuales se dice ~sin fundamento probatorio~ que ha organizado reuniones lésbicas en el edificio de Callao 741, donde solía concurrir la ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay Molina (también amiga íntima de la Lubertino). Gracias a su trabajo, María José Lubertino adquirió una lujosa casa en la calle Costa Rica 4471 de Palermo Hollywood, por l que pagó 835.000 Dólares.
Lo cierto es que la Lubertino se la vincula con una fundación llamada "Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos". Este lobby suele "aproximarse" a las personas denunciadas ante el INADI por hechos discriminatorios ofreciendo sus "buenos oficios" para impedir que la sangre no llegue al río. Las contribuciones voluntaria por expediente suelen rondar aproximadamente los 3.000 pesos aproximadamente. Además, la fundación recibe un subsidio del gobierno nacional. No es un detalle menor que funciona en el primer piso de Callao 741 (teléfono de la fundación: 4816-1581), edificio propiedad de la misma María José Lubertino.
Una impronta más a la idoneidad de los jueces de la República
Pero antes de seguir discurriendo en temas que no son de interés, sino tangencial, volvamos al escándalo protagonizado por la compañera Rosa Elsa Parrilli.
El hecho de que una persona patoteé y agreda verbalmente a otros mediante insultos y, ~sobre todo~ mediante manifestaciones discriminatorias, es siempre lamentable e inexcusable bajo cualquier circunstancia.
Pero que lo haga una jueza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ~quien además se jacta de no haber pagado jamás las multas que le han sido impuestas~ es más que inadmisible, porque en realidad está blasonando su impunidad.
Además, que esa magistrada amenace con hacer uso de sus potestades para enviar a prisión a una persona como modo de venganza personal, es aún doblemente aterrador.
Supongo que ahora tendrá que vivir de sus ahorros como "desaparecida" hasta que consiga un nuevo trabajo afín a su temperamento. Según informa el Banco Central, sus inversiones en efectivo las mantiene en el Banco HSBC, así como también en el Banco Patagonia, sin perjuicio de su caja de ahorros en el Banco Ciudad, por donde cobra actualmente sus abultados emolumentos como magistrada.
Pero lo trágico de esto es que la libertad de los ciudadanos no puede estar en manos semejantes. Pero la existencia, en penoso cautiverio, de casi seiscientos presos políticos en la Argentina ~muchos ancianos indefensos~ demuestra que el caso de la Dra. «Kati» Parrilli no es huérfano ni excepcional en nuestro país.
¡Esta gente es quien administra la justicia a nuestros ciudadanos! Y un presupuesto para dar a cada uno lo que le corresponde, según describía Artistóteles a la virtud cardinal de la Justicia, es tener la gracia excepcional de la prudencia y la templanza.
La jerarquía de la magistratura no debe ser un «conchabo para los amigos», y ésto sólo se superará cuando la Patria vuelva a ser República.
ALEGATO DEL GRAL. SANTIAGO OMAR RIVEROS
Señores Jueces:
Con todo respeto deseo expresarles mi desconocimiento como mis jueces naturales como lo señala la Constitución de la Nación Argentina y si me lo permiten estimo que debo decir lo siguiente:
A fines de 1942 rendí examen de ingreso al Colegio Militar de la Nación.
A los 3 días de haber ingresado entró al aula correspondiente un auditor militar vestido con el uniforme del Ejército Argentino. En su primera clase se refirió al Código de Justicia Militar y a la reglamentación de Justicia Militar.
Así sucesivamente, con reiteradas clases y respectivos exámenes aprendimos lo que era el sometimiento a las leyes y doctrinas militares en tiempos de Paz, de Conmoción interna y de Guerra.
Con toda esta formación Jurídica Militar, entendí claramente lo que significaba el cumplimiento de las órdenes, de la subordinación al superior, y el valor de la obediencia debida como base de la disciplina, columna vertebral de cualquier ejército del mundo.
Con esa rígida disciplina fuimos formados y formamos a nuestros subalternos.
Nos comprometimos solemnemente con la Nación de defenderla hasta perder la vida a fin de asegurar su continuidad histórica.
Las órdenes no se analizan, se cumplen una vez tomada una resolución para el cumplimiento de una misión.
Cinco oficiales superiores que prestaron servicios bajo mis órdenes fueron Comandantes del Ejército en el período Constitucional que arranca en 1983.
Hace 26 años que estoy sometido a interrogatorios en los estrados de la justicia por violación a los Derechos Humanos. Sin reconocer por falta de competencia a esos mismos jueces no he logrado que se comprenda que después de 40 años de servicios prestados con dedicación exclusiva al Ejército habiendo obtenido el más alto grado en la carrera, y en situación de retiro desde principios de 1980, se me impone que el juez natural, no el Consejo Supremo de las F.F.A.A. ni rige el Código de Justicia Militar , sino el Código Penal que lamento de él no saber nada ,y a esta edad me resulta muy difícil entenderlo en la aplicación de las situaciones militares, en jurisdicción militar en tiempo de paz y de guerra.
Considero que esta situación a la que estoy sometido constituye una verdadera y flagrante violación a mi persona, a mi formación militar y a mis derechos humanos. Pues, a un hombre soldado de 86 años se le cambien las reglas de juego con las que el Estado Argentino lo formó desde muy joven casi un niño. Se hace muy difícil soportarlo y más cuando llevo más de 10 años privado de mi libertad, soberano atributo de la condición humana.
Reconozco como verdaderos jueces de mi existencia a Dios en primer término. a toda mi familia en la vida afectiva, en mi profesión militar a lo que determine el Código de Justicia Militar recientemente derogado y totalmente vigente en el momento de los hechos cuando éstos ocurren en tiempo de guerra, en jurisdicción militar, alteración de la paz interna (estado de sitio) y cuando así lo determine un gobierno constitucional autor de todas las directivas y órdenes para la conducción de la guerra contra la subversión terrorista de los años 70.
En el campo civil reconozco la existencia del Código Penal y de todas las leyes de la Nación para delitos contemplados por dichos documentos en el momento de los acontecimientos es decir delitos civiles.
En estas circunstancias quiero recordar a dos distinguidos subalternos: Coronel Larrabure y Coronel Ibarzábal cruelmente asesinados por el terrorismo apátrida sin que hasta ahora ningún juez de la República se haya animado a investigar a los verdaderos ideólogos de semejantes crímenes, muchos de ellos conocidos por la ciudadanía.
A todos los asesinados de las F.F.A.A. , de Seguridad y Civiles.
A mis viejos camaradas del Ejército que ya se fueron.
A los actuales camaradas, para decirles: que la gorra y entorchados de los uniformes nada representan ni lucen si no los ilumina el sentido del honor militar.
A todos los muertos en la lucha fraticida especialmente a la familia Avellaneda para que insistan en conocer la verdad, siempre se debe sufrir por esa búsqueda antes que hacerla sufrir por el silencio. Mi silencio es por la no participación en los hechos.
Finalmente con el permiso de Uds. quiero en estas difíciles circunstancias tener presente a mi querida esposa fiel compañera. Inseparable en todos los infortunios con 57 años de matrimonio llevando con entereza moral todas las vicisitudes a las que hemos sido sometidos los soldados desde la pérdida de nuestro primer hijo hasta la cárcel, producto de la impostura y de la ingratitud.
A mis queridos hijos del amor, que siempre estuvieron a mi lado.
A mis queridas nietas que me dan valor a fin de poder imitar a los soldados de la Independencia y de nuestra Organización Nacional
A mis dos amados hermanos que aún viven gracias a Dios.
En lo que respecta a las actuaciones realizadas estimo expresar lo siguiente:
Agradecer a mis defensores de oficio por los alegatos efectuados con brillantez a pesar de ser criticados por una emisora contratada por el estado criticándolos porque cobran sueldos del Estado lo que resulta incompatible con defender a represores.
Señores Jueces, los mencionados defensores cobran sueldo del Estado como Uds. o como yo, que antes cobraba un sueldo semejante al de Uds., pero hoy el Estado no nos paga esos sueldos y no estoy en condiciones de pagar a un defensor privado.
Y me cabe recordar al distinguido Dr. Florencio Varela, que con dedicación total a mi defensa en forma privada lo hizo gratuitamente durante 6 (seis) largos años.
Resumiendo los diferentes conceptos jurídicos de mis defensores en las diferentes circunstancias debo expresar que:
Estas actuaciones han fortalecido la convicción de mi absoluta ajenidad a ilícito alguno; sin embargo el fortalecimiento de esa verdad ha sido contemporánea al conocimiento de que la culminación de la causa es una sentencia condenatoria que se dictará de cara a cuanto exigen, más bien imponen, los aquí querellantes.
Nada es más inocultable a través de las públicas manifestaciones, vehementes y reiteradas hasta la obstinación que vierten los representantes de los tres poderes del Estado al opinar sobre la marcha de los expedientes judiciales, en una especie de competencia para decirlo en voz más alta.
Sólo orientadas hacia la complacencia de ese designio pueden explicarse las sucesivas resoluciones que me denegaron los derechos fundamentales del debido proceso legal colocándome en una írrita situación de desigualdad ante la ley:
• así se violó el principio de libertad del encausado cuando no hay peligro de evasión o entorpecimiento, permaneciendo detenido por más de 10 años sin condena con 86 años cumplidos.
• la irrectroatividad de la ley penal,
• de inmutabilidad de la cosa juzgada.
• de prescripción de las acciones.
• del principio de aplicación de la ley penal más benigna del Código de Justicia Militar a que estábamos subordinados en la época de los hechos bajo el imperio del máximo tribunal el Consejo Supremo de las FFAA para toda clase de delitos militares.
• la injustificable anulación de las leyes de obediencia debida y punto final.
• la anulación de los indultos
• y la absolutamente inaplicable incorporación del foráneo concepto de “lesa humanidad”
En este contexto que más abajo ampliaré concibo a este proceso como una mera sucesión de trámites donde sólo se guardan las formas extrínsecas del procedimiento.
Al acatar inmediatamente la comparencia ante la Justicia y sin reconocer como mis jueces naturales brindé el genuino relato de la actuación que me había correspondido en los episodios ahora sometidos a juzgamiento y que se limitó al cabal cumplimiento de los deberes impuestos por el cargo una vez establecida por decreto la Zona 4 el 21 de mayo de 1976 posterior a los hechos tratados en este juicio.
La presentación ante la justicia y las explicaciones rendidas fueron por mí entendidas como una etapa más en el sometimiento a las obligaciones inherentes a mi calidad militar.
Por mandato constitucional (Decretos 2770,2771 y 2772 del año 1975 y directiva 1/75 del Consejo de Defensa) las FFAA y de Seguridad se empeñaron en una guerra contrarrevolucionaria contra el agresor marxista.
Quiero referirme ahora en concreto a algunas de las injustificables violaciones de la ley incurridas:
A) De la cosa juzgada
He sido declarado exento de responsabilidad penal por hallarme incluido en las previsiones de la ley 23521 por lo que “se presume sin omitir prueba en contrario” que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaron como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las FFAA, de seguridad policiales y penitenciarios no son punibles por los delitos a que se refiere el artículo 10 punto 1 de la ley 23049 por haber obrado en virtud de obediencia debida.
La aplicación al proceso de la ley 23521 tiene el significado y alcance de la cosa juzgada. La promoción y continuación de la presente causa, representa, pues, el ejercicio de una actividad punitiva que se encuentra extinguida por los hechos que son su objeto y en cuanto a mi persona.
Importó ni más ni menos que una violación al debido proceso legal y, con ello, así a las normas constitucionales como a las contenidas en los tratados internacionales, dotadas de esa jerarquía por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. No menos que del artículo 1 del Código Procesal Penal receptáculo de aquellos principios en su aplicación concreta al proceso penal.
No obstante, a esta sustancial imposibilidad legal de proseguir la presente causa, la anulación de la ley cuya aplicación me desvinculó del proceso a través de la sancionada bajo el N° 25779. Ello porque el Congreso Nacional no tiene entre sus facultades la de anular leyes. Porque la ley “anulada” se había incorporado al ordenamiento jurídico tras inobjetable sanción del mismo Parlamento y promulgación en las condiciones establecidas por la Ley Fundamental.
Porque vigente durante 16 años la ley 23521 había producido sus efectos.
Porque no puede violentarse el elemental principio de que las leyes disponen para el futuro, y que en materia penal para el pasado, si son más benignas; usando el torpe y despótico subterfugio de anular normas, como si se tratase de actos privados que nunca hubieran existido.
La responsabilidad penal es, ni más ni menos, que la consecuencia de que concurran en la especie todos los componentes del delito; es decir, que el hecho investigado sea, efectivamente, una acción típica y antijurídica, es decir, un injusto y que tal injusto sea reprochable al autor.
Si la obediencia de vida, conforme a posturas doctrinarias diversas, legitima el comportamiento eliminando la antijuricidad a través de una obligación de actuar, de un permiso para hacerlo, o, en cambio, suprime la culpabilidad por reducir la esfera de autodeterminación, lo cierto es que en cualquier posición faltará un componente del delito.
Si se entendía que la mentada ley 23521 vulneraba el deber del estado de investigar las violaciones a los derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, tales consideraciones podrían haber fundamentado su derogación – facultad legislativa-, o su declaración de inconstitucionalidad – facultad judicial-, que es el mecanismo previsto por el propio ordenamiento para que cese la vigencia de una norma considerada indeseable, o, por lo menos, perfectible, pero jamás su anulación con efectos hacia su pasada vigencia.
B) Delitos de lesa humanidad
Al respecto, por su claridad quiero transcribir conceptos vertidos por la Dra. Victoria Villarroel en su trabajo “Sin independencia de los jueces no hay justicia imparcial”:
“…Desde el punto de vista jurídico, la categoría de crímenes de lesa humanidad tiene un origen histórico perfectamente establecido, y en modo alguno deriva de la costumbre, sino que el resultado de un tratado celebrado por las 4 potencias vencedoras en la II Guerra Mundial. Muchos años después, la categoría se internacionaliza con en tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional que entró en vigor el 1 de julio de 2002. La Argentina adhirió por la ley 25390 (Boletín Oficial 23-1-2001). Este tratado establece que sólo se aplica para el futuro, proscribiendo expresamente su aplicación retroactiva (Artículos 11:1, 22 y 24)
Si los “crímenes de lesa humanidad” fueran una categoría preexistente a la década del 70, entonces no se ve por qué no la imputó el Pte. Alfonsín en el Decreto 158/83 de enjuiciamiento a los integrantes de las juntas militares.
Tampoco se ve por qué no la imputaron los fiscales Strassera y Moreno Ocampo en la causa 13/84, ni en ninguna otra…”
Si suscribimos tratados internacionales comencemos por respetarlos. De lo contrario, denunciemos los mismos, reformemos la Constitución Nacional.
Sres. Jueces: yo he cumplido con mi deber, cumplan Uds. con el suyo.
CARTA DE ARTURO CIRILO LARRABURE
Cartas de lectores
Martes 8 de Septiembre de 2009 |
ARGENTINO LARRABURE
Al cumplirse 34 años del asesinato de mi padre, el coronel Argentino del Valle Larrabure, "Página 12" y Canal 7 llevaron adelante una operación de prensa destinada a negar que hubiera sido asesinado por los terroristas del ERP que lo tenían cautivo. La estrategia no es nueva. Fue difundida años atrás por el jefe de dicha organización terrorista, Mario Roberto Santucho, y desmentida por sus propias palabras, pues resulta increíble afirmar, por un lado, que "Larrabure fue tratado con toda consideración desde su detención, debiéndose su trágica determinación a que sus nervios no le ayudaron a sobrellevar el sufrimiento propio de cualquier privación de libertad"; y reconocer, por el otro, que ese hombre, al que se le imputa inestabilidad emocional, "se mantuvo hasta la muerte fiel al Ejército al que pertenecía, pese a haberlo abandonado, rechazando la oportunidad de obtener por sí mismo su libertad a cambio de un período de colaboración con nuestros talleres de fabricación de armamento". Un hombre de esa integridad y coraje, no se suicida, resiste hasta el final como lo hizo con singular heroísmo escribiendo: "Quiero morir como el quebracho, que al caer hace un ruido que es un alarido que estremece la tranquilidad del monte. Quiero morir de pie, invocando a Dios en mi familia, a la patria en mi Ejército, a mi pueblo no contaminado con ideas empapadas en la disociación y en la sangre". Lo asesinaron porque no pudieron quebrarlo, porque liberarlo los exponía a serios riesgos. Hoy cuando la farsa de los "jóvenes idealistas inocentes que querían construir un mundo más justo" se desmorona, recurren a la pluma de Carlos Del Frade intentando sustituir la historia por la "memoria". Del Frade alega que mi padre no fue ni torturado ni mal alimentado, pues "la autopsia realizada en el momento del hallazgo, dice con absoluta claridad que no hubo tortura ni asesinato… era un cadáver que presentaba indicios de buena alimentación y buen cuidado sin la menor marca de tortura o golpe alguno… el expediente judicial jamás habló de torturas... y mucho menos de asesinato". La historia pone al descubierto su cinismo y mendacidad, exhibiendo a del Frade las dramáticas fotos tomadas en la autopsia (ver: http://cid-aa9427c00d656ade.skydrive.live.com/browse.aspx/Im%c3%a1genes%20autopsia%20Cnl Larrabure) y las conclusiones del médico legista de la Policía Federal, Horacio José Marinoni, obrantes a fs 17 a 19 y 32 del expediente judicial, que expresan: "En la región fronto-parietal, zona media, aparece una contusión de forma rectangular de medida cuatro por dos centímetros, similar a la periferia del cotillo de un martillo, presuntamente. Placas apergaminadas de cuatro cm, aproximadamente, en ambas caras internas de las rodillas, producidas, en vida, por fuerte compresión... En el cuello, surco profundo de estrangulamiento de fondo apergaminado, de recorrido horizontal levemente oblicuo, que abarca todo el perímetro, producido por torsión desde atrás, que no se observan signos de cianosis en sus extremidades inferiores, propias en caso de haber estado suspendido. En los órganos genitales, gran zona congestiva inflamatoria probablemente por pasajes prolongados de corriente eléctrica. Hay zona escarificada en el tercio superior del tórax, cara posterior, producida probablemente por la permanencia prolongada en vida en posición cubito- dorsal. En el rostro, hemicara derecha, gran zona de congestión, que abarca la región frontal de ese lado, región masteriana derecha, con gran derrame conjuntival en ojo derecho, presumiblemente provocada por acción de golpes o por choque violento con objetos duros. El cadáver presenta signos evidentes de deshidratación grave en vida por falta de líquidos y electrolitos suficientes, ratificado por una rebaja superior a los 40 kilos de su peso en oportunidad del secuestro, según resulta fichas". Como puede verse, mi padre ha respondido con su propio cuerpo a los que dudan de que fue torturado y asesinado.
Arturo Larrabure
http://www.lagaceta.com.ar/nota/343006/Opini%C3%B3n/Cartas_lectores.html
UN TEÓLOGO CATÓLICO E...ISLAMISTA
JOSEP CARLES LAÍNEZ
El teólogo Juan José Tamayo-Acosta, el amiguito del islam y furibundo enemigo de la visibilidad del legado cristiano de Europa, sueña con un mundo donde todo cuanto suene a cristianismo haya sido extirpado de cuajo de la arena pública. El pasado 1 de septiembre de 2009, como inaugurando el nuevo curso, dejaba sus palabras en El Periódico de Cataluña en un artículo titulado “La escuela y los símbolos religiosos” que de inmediato pasaron a difundir no los fieles de otras religiones (y menos las cristianas), sino dos tipos de personas: los progres y los musulmanes, en esa plusmarca de unión de contrarios tan bien avenida con el gobierno de Zapatero.
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