LA VOZ NACIONALISTA

 POR RAUL CALLEJAS*

"Breve resumen de la sancion de la Ley n°24.145"

Regalías mal liquidadas: El importe aproximado de U$S 500 millones que Santa Cruz percibió del Poder Ejecutivo Nacional al momento de sancionarse la Ley de Privatización de YPF y Provincialización del Subsuelo, no se debe a regalías hidrocarburíferas mal liquidadas. En esos momentos las regalías eran liquidadas por la Secretaría de Energía de la Nación y en su casi totalidad se originaban en las operaciones de YPF, todavía estatal; además siempre fueron motivo de discusión entre la Nación y las provincias, pero estos pleitos fueron saldados por la Suprema Corte a favor de las liquidaciones realizadas. Y este es el caso que nos ocupa, pues una cosa es un reclamo y otra ser acreedor indiscutido.

Fue un pago convenido entre Menem y Kirchner en represtación de las provincias productoras de hidrocarburos, plasmado en el Pacto Fiscal Federal, donde se establecía que ese importe se haría efectivo solamente si se sancionaba la Ley de Privatización de YPF; si no era aprobada no habría pago alguno, con lo que se desvirtúa el “cuento” de las regalías mal liquidadas, que fue sólo una excusa.

La sanción de la Ley nº 24.145: En 1992 la política y privatizadora aplicada por Carlos Menem se encaminaba a la sanción de una ley que permitiera la privatización de Y.P.F., la mayor empresa del país y una de las más reconocidas mundialmente; su modelo de petrolera estatal, nacido de las gestiones e Yrigoyen, Alvear y Mosconi había sido copiado por todos las naciones de América; Petrobrás, Ancap, Ecopetrol, YPFB, PDVSA, etc., son el ejemplo, pero ninguno de esos países privatizó su petrolera.

Era la culminación del proceso iniciado en el segundo semestre de 1989 con la sanción de los Decretos Desregulatorios del régimen de petróleo y de las Leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica. El Ministro de Obras Públicas era Roberto Dromi y el Secretario de Energía Julio C. Aráoz, uno de los ex Secretarios de Energía firmantes de un crítico –pero estructuralmente coincidente- documento sobre la situación energética actual.

Cuando se trató la Ley nº 24.145 llamada de Privatización de YPF y Federalización o Provincialización del Subsuelo”, el Ministro de Economía era Domingo Cavallo y el Presidente de YPF José “Pepe” Estensoro. Se requería la sanción de una Ley y el Peronismo no contaba con los votos necesarios para la obtención del quórum, es decir, 131 diputados Debe señalarse que, al igual que sucede actualmente, una vez logrado el número mínimo para funcionar, ya está asegurada la aprobación de la ley, incluso, por ejemplo, se gane por 66 a 65 votos; esto quiere decir que aquellos que dieron el presente consintieron la privatización, aunque posteriormente hayan votado en contra.

En esos momentos, los apoyos más importantes a la sanción de la Ley venían de las petroleras nacionales (Pérez Companc, San Jorge, Astra, ..) y las multinacionales. También de la legislatura de Santa Cruz, donde la diputada Cristina Fernández de K, acompañada por Héctor Icazuriaga y otros, presentó un proyecto exigiendo su aprobación.

Por desempeñarme como asesor del Diputado UCR Rodolfo Quezada, quien fue el miembro informante de su Bloque viví de cerca esos acontecimientos; había fracasado varias veces la sesión y en determinado momento el Diputado justicialista Oscar Parrilli le anunció a Quesada que habían alcanzado los 131, pues llegaría desde Santa Cruz el santacruceño Rafael Flores –entonces ultrakirchnerista- e ingresaría el demoprogresista santafesino Ricardo Molinas. Parrilli, actual Secretario General de la Presidencia fue el miembro informante de la mayoría peronista.

Los radicales, en su totalidad, no facilitaron el quórum y dieron el debate una vez que el Presidente de la Cámara Alberto Pierri abrió la sesión contando para ello con la presencia de los nombrados Flores y Molinas, quien ocupó una banca ajena para pasar desapercibido En esta oportunidad y como las presencias se contaban por el peso en la banca, el Presidente del Bloque UCR Raúl Baglini señaló que el quórum no había sido logrado porque no se llegaba a los 131 presentes y además, que el Dip. Flores había marcado doble presencia ya que había apoyado su pierna lesionada en la banca vecina. Baglini, pidió que se nombrara a los asistentes y Pierri incluyó entre los mismos al radical riojano Raúl Galván, quien aclaró que no se había sentado en su banca y por lo tanto no había contribuido al logro del quórum, cosa que no hizo ningún otro de los señalados como presentes, entre ellos Rafael Flores.

Entre quienes dieron quórum, además de Parrili y Flores, estaban Felipe Solá, Acevedo, Albamonte, Álvaro Alzogaray, Eduardo Amadeo, Becerra, Eduardo Camaño, D’Alessandro, Oscar Lamberto, Lorenzo Pepe, Alberto Pierri, Puricelli, Miguel A. Toma, Varela Cid, Yoma, Soria, Maqueda, Carlos Ruckcauf, Natale, Matzkin, etc…Todos ellos, al sancionar la ley, cantaron emocionados la Marcha Peronista , como puede verse en la película de “Pino” Solanas “Memoria del Saqueo”. Desde un palco también “marcaba” quórum” José “Pepe” Estensoro, siempre acompañado de sus Sansonite. Quien tenga dudas sobre lo señalado puede consultar el Diario de Sesiones de la HCD y los diarios de la época.

Se iniciaba la liquidación de los bienes más importantes derivados de los ahorros de varias generaciones de argentinos.

*Ex Subsecretario de Combustibles de la Nación (1983/86)
Presidente de la Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz
Vicepresidente del MORENO

FUENTE: ARGEN PRESS

Etiquetas: Ypf, corrupcion, politica, menem, democracia

Un 1° de agosto, durante la noche y mientras la gente dormía, una poderosa bomba explotó en el corazón de Barrio Norte. Dos edificios fueron el centro de la locura terrorista, que ese día eligió una zona densamente poblada para infligir el mayor daño posible a una familia y a todos aquellos que vivieran cerca.

El atentado quedó en la memoria de la sociedad con nombre propio, ya que se lo conoce como el atentado a Paula Lambruschini, por ser ella, una adolescente de 15 años, la primera víctima fatal.

Esa madrugada Paula dormía. Se había acostado pensando en el colegio y en las tareas que debía entregar durante la mañana. Margarita, una vecina de 82 años, también estaba descansando. Ricardo otro vecino, dormía. El barrio estaba en silencio. Los tres no despertaron jamás. Una bomba depositada por la organización Montoneros terminó con sus vidas, sus aspiraciones y aplastó sus derechos humanos.

Los vecinos despertaron entre escombros, con vidrios rotos en sus camas. Los gritos desgarradores y el llanto se apoderaron de esa cuadra, que supo ser tranquila y que se había convertido en un escenario de la guerra. Pacheco de Melo entre Ayacucho y Junín se llenó de humo, sangre, escombros y automóviles destruidos. Dos edificios resultaron estructuralmente inestables y debieron ser demolidos.

Hace treinta años, Paula Lambruschini dejó de ser una adolescente llena de promesas para convertirse en una víctima del terrorismo. En ese mismo instante, la acompañaron Margarita Obarrio de Vila y Ricardo Alvarez, ciudadanos inocentes como todos los que fueron agredidos por las organizaciones terroristas responsables de más de 21.600 atentados.

Ese 1° de agosto comenzó el digno y silencioso dolor de varias familias que perdieron a sus seres queridos, que sufrieron heridas o perdieron sus bienes. Esperaron que el Estado les reconociera sus derechos humanos pero, lamentablemente, a más de 30 años de estos terribles sucesos, el Estado está empeñado en mostrar sólo una porción de la historia, ignorando a quienes como Paula, Margarita, Ricardo y tantos miles más, no optaron por el camino de las armas para obtener el poder. Sin embargo, la obligación primigenia del Estado de proteger a sus ciudadanos miembros de la población civil y no combatiente, se encontraría guiada por intereses e ideologías que impiden la Justicia en la Argentina para aquellos que fueron víctimas del accionar terrorista.

En los últimos lustros, el movimiento de los derechos humanos ha evitado deliberadamente asistir y proteger a las víctimas del terrorismo. En estos años, el Estado ha dictado varias leyes de reparación y diversos beneficios para los ex combatientes de las organizaciones armadas y sus familiares. Pero lo más lamentable es que se ha reescrito la historia reciente de los argentinos y en ella no existen Paula, Margarita o Ricardo. Es un relato donde los victimarios devienen en víctimas y, como tales, gozan de la impunidad que otorga el silenciamiento obligatorio al que están destinados estos miles de argentinos y extranjeros. Parecería que la sociedad aún no reparó detenidamente en el hecho de que los terroristas, antes de ser damnificados, fueron verdugos de la sociedad civil, pues ser ex terrorista no es lo mismo que ser víctima del terrorismo, aunque les asistan los correspondientes derechos humanos para aquellos que quebrantan el orden público.

Es una historia que, ante la reapertura de una causa judicial, como la Causa Larrabure, da origen a la resolución 158/07, por la cual se ordenó a los fiscales excluir de la categoría de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a los asesinatos, secuestros y torturas realizados por la guerrilla. Su autor fue el procurador general de la Nación y ex ministro del Interior durante el gobierno de Cámpora, Esteban Righi, un funcionario que al menos debería haberse excusado por su participación en la firma de la generosa amnistía a los terroristas en 1973. O el fallo de la jueza Servini de Cubría sobre un dictamen del fiscal Berlanda, que sobreseyó a reconocidos combatientes montoneros, acusados de integrar la célula que puso la bomba en el comedor de la Policía Federal, donde perdieron la vida 24 argentinos y más de 60 resultaron heridos, bajo la excusa de que no fue un delito de lesa humanidad y, por ende, estaba prescripto.

Todas estas acciones de los tres poderes del Estado parecen apuntar al otorgamiento de impunidad para los culpables de aberraciones como las que se cometieron contra Paula Lambruschini, Margarita Obarrio de Vila y Ricardo Alvarez, negando lo que el Estatuto de Roma, ratificado por la Argentina, establece respecto de los delitos de lesa humanidad.

Las víctimas del terrorismo no reclaman venganza, no cortan calles ni hacen escraches, no ocupan cargos públicos, no pontifican. Sólo quieren verdad, justicia, reparación y paz, para poder vivir en un país donde la impunidad no se muestre por televisión, donde el rostro del terror no sea vocero interesado de los derechos humanos, donde quienes tienen sus manos manchadas de sangre respondan ante la sociedad por los crímenes cometidos.

A treinta años del asesinato de estos tres inocentes, la Argentina no es defensora de los derechos humanos, ni está a la vanguardia del respeto de los mismos; sólo ha trucado las armas por la acción política y judicial, que siguen impidiendo a las víctimas del terrorismo el goce de sus derecho

 Victoria Villarruel ( www.nuevoencuentro.com)